Una jornada agitada se vivió en Palacio de Gobierno y el Congreso luego de que se conociera la masacre de 13 personas en la zona minera de Pataz, La Libertad. Desde primeras horas del día, la presidenta Dina Boluarte anunció medidas de emergencia, incluyendo el establecimiento de un toque de queda desde las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. y el despliegue total de las Fuerzas Armadas en la zona. Además, informó que se instalará una base militar permanente en Pataz y que el Ejecutivo solicitará facultades legislativas para legislar contra el "terrorismo urbano".
Mientras tanto, el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, admitió con desconcierto haberse enterado de la matanza recién por la prensa. Aseguró haber llamado al premier tras conocer los hechos y que el tema será tratado en el Consejo de Ministros. Desde Pataz, el alcalde provincial criticó la falta de resultados tras más de 200 días de estado de emergencia y presencia militar, denunciando que no se han identificado ni capturado a miembros de bandas criminales.
En paralelo, en el Congreso, se esperaba la comparecencia de Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de la minera Poderosa —empresa dueña del yacimiento donde ocurrió la masacre— ante la Comisión de Energía y Minas. Sin embargo, su citación fue desordenadamente reprogramada y finalmente no fue atendido, lo que desató críticas por la falta de coordinación. El propio congresista Jorge Montoya admitió no saber que estaba citado.
LUCHA CONTRA LA MINERÍA ILEGAL
Pablo de la Flor expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas y reiteró su llamado al Gobierno para que se replantee la lucha contra la minería ilegal, una problemática que, según señaló, sigue alimentando la violencia en la región. Así concluyó un día marcado por el desconcierto institucional y la creciente preocupación por el control del crimen organizado en zonas mineras del país.
