Desde hace cuatro días, la población de Huanta, en Ayacucho, ha paralizado completamente las actividades y bloqueado las vías de acceso en protesta contra la minería. Los ciudadanos exigen la declaración de la cabecera de cuenca de Razuhuillca como área intangible y protegida, debido a que es la principal fuente de agua para el valle de Huanta y parte del distrito de La Mar. La Defensoría del Pueblo ha intervenido, solicitando al Ejecutivo la formación de una mesa de alto nivel para abordar y resolver este conflicto.
El gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, se vio en una situación crítica este jueves, cuando estuvo a punto de ser linchado mientras intentaba presentar propuestas para resolver la huelga indefinida. La intervención de la policía, mediante el uso de bombas lacrimógenas, permitió que Oscorima escapara en un helicóptero del Ejército hacia el Cuartel Pampa.
ACUERDOS ROTOS Y DESCONTENTO PERSISTENTE
Este conflicto no es reciente. Desde noviembre de 2023, la población de Huanta ha estado manifestándose contra las actividades mineras, preocupados por la posible contaminación de sus fuentes de agua por metales pesados. En ese mes, tras tres días de intensas protestas, se lograron acuerdos entre los ciudadanos y las autoridades regionales, los cuales incluían inspecciones sorpresa en las actividades mineras y la agilización de gestiones para definir espacios protegidos en las cabeceras de cuenca.
A pesar de estos compromisos, la situación no ha mejorado. Los ciudadanos siguen descontentos y temen que su vida se vea afectada como en Cerro de Pasco, donde la minería ha contaminado el aire y el agua con metales pesados. "Rechazamos la minería en la cordillera de Razuhuillca y exigimos soluciones reales del Gobierno regional. No queremos minería, queremos agua", afirman los manifestantes.
INTERVENCIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Richard Olivera, coordinador de la sede defensorial en Huanta, informó que la intervención de la Defensoría ha facilitado el traslado de la población vulnerable, como madres lactantes, personas con discapacidad y niños, y ha permitido la continuación del tránsito de vehículos. Mientras tanto, en Huamanga, la Oficina Defensorial en Ayacucho ha supervisado las protestas de alrededor de 3,000 ciudadanos frente a la sede del Gobierno Regional.
Este paro indefinido no solo refleja la lucha por el agua, sino también la creciente desconfianza hacia las autoridades y la desesperación de una comunidad que teme por su futuro.
