Este sábado 2 de octubre serán expulsados del país un grupo de ciudadanos venezolanos vinculados a actividades ilícitas.
El ministerio del Interior aprobó la transferencia de S/ 422.847 a la cartera de Defensa, para ejecutar el traslado aéreo hacia su país de origen.
Según la publicación establece que expulsarán a los venezolanos que hayan ingresado al país con documentación falsa y también abordarían este vuelo extranjeros con tan sólo la presunción de vínculos delictivos.
Se trata de una iniciativa que según Paulina Facchín, abogada y activista, atentaría contra los Derechos Humanos.
Para el exsuperintendente de Migraciones, Boris Potozén, seria una respuesta política, pero que no soluciona la raíz del problema. "Cuando una persona delinque, sea peruano o extranjero debe responder a la justicia y esta medida no es la más adecuada para combatir la criminalidad en el país. Favorece y ayuda sacándolo del ámbito de la justicia y no enfrentan las consecuencias de sus actos", expresó.
Este proceso de expulsión no garantizaría que estos delincuentes paguen por sus crímenes y menos que intenten regresar al Perú
Hasta el momento son 252 ciudadanos venezolanos que purgan condena en el Perú y 692 que siguen un proceso judicial, del casi millón y medio que llegaron a nuestro país.
