El Estado peruano tendría que pagar a Graña y Montero cerca de US$400 millones de dólares por el incumplimiento del proyecto Gasoducto del Sur.
El consorcio Gasoducto Sur Peruano (CGSP) estaba dividido de modo que Odebrecht asumía el 55%, mientras que Enagas solo el 25% y Graña y Montero el 20%.
“Esa es plata que va a salir de las postas, de las comisarías, de las escuelas por negligencia de nuestra burocracia y políticos que pontifican a diario que luchan contra la corrupción
Sin embargo, GyM no sería la única beneficiada ante el centro internacional de arreglo de diferencias relativas a inversiones quien podría fallar a favor de las empresas consorciadas en el proyecto, conformada también por Odebrecht.
Para el economista Carlos Adrianzen, la demanda afectará las inversiones en el país las cuales ya venían en caída producto no del ruido político no de ningún obstruccionismo es producto de pésimas políticas económicas.
