El asesinato de 13 trabajadores mineros en Pataz ha marcado un punto de quiebre en la percepción nacional sobre la minería ilegal y su poder real. El ataque no solo evidenció la violencia con la que operan estas mafias, sino también su creciente influencia en distintas esferas del país. Según una encuesta de Ipsos para Perú21, el 81% de los peruanos considera que la minería ilegal representa una amenaza directa para la seguridad nacional.
Para el teniente general (r) José Baella, exdirector de la Dircote, estas organizaciones no solo manejan enormes cantidades de dinero, sino que también buscan acceder al poder político. “Su objetivo es poner gente en el Congreso, financiar campañas, dirigir proyectos a su favor”, advierte. Baella sostiene que el riesgo no es solo la violencia, sino su capacidad para infiltrar partidos políticos y condicionar decisiones del Estado mediante la compra de voluntades.
De hecho, el 47% de los encuestados responsabiliza al Gobierno Central por no haber prevenido la masacre, mientras que un 31% señala directamente a los mineros ilegales. Para el exgobernador de Ica, Fernando Cilloniz, el sistema está corroído: “Hay fiscales y policías que chantajean a pequeños mineros. Y los delincuentes del oro sobornan a todas las autoridades posibles”, denuncia. Cilloniz también lamentó que los procesos de formalización para los mineros informales sean prácticamente imposibles de cumplir, lo que alimenta el circuito ilegal.
MAFIAS Y LA POLÍTICA
La preocupación va más allá del crimen en Pataz. Diversos reportes periodísticos han indicado que las protestas violentas de diciembre de 2022 y enero de 2023, posteriores al intento de golpe de Estado de Pedro Castillo, fueron financiadas por economías ilegales como la minería y la tala. Un escenario que confirma lo que muchos temen: que las mafias ya no solo operan en los márgenes del Estado, sino que están decididas a capturarlo.
