Cuatro colectiveros permanecen desde hace cinco meses en el penal de Lurigancho bajo prisión preventiva, acusados por la Policía Nacional del Perú (PNP) de formar parte de una organización criminal que cobraba entre 3 y 10 soles diarios como cupos a sus propios compañeros de trabajo. Sin embargo, la familia de uno de los detenidos rechaza esta versión y asegura que el dinero recaudado era parte de una colecta navideña, no de extorsiones. Los allegados han elevado su voz de protesta, solicitando una revisión del caso debido al delicado estado de salud de uno de los implicados, quien, según ellos, no cuenta con pruebas contundentes en su contra.
El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad ciudadana en el país, con la presidenta de la República y la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, enfrentadas en un intercambio de posturas sobre la liberación de delincuentes. En paralelo, la efectividad de los operativos policiales durante el estado de emergencia en Lima Metropolitana ha sido puesta en tela de juicio. Según el especialista en datos Juan Carbajal, casi el 50% de estas intervenciones no lograron resultados exitosos, y de los más de 56 mil detenidos en el primer trimestre de 2025, solo el 1.38% enfrentaba cargos por delitos graves como extorsión, homicidio o secuestro.
Operativos policiales bajo la lupa: ¿Éxito o abuso de poder?
En las últimas semanas, diversos operativos de la PNP han generado sospechas y críticas por presuntos abusos de autoridad. Casos como el de Ate Vitarte en 2020, donde dos hermanos fueron intervenidos violentamente durante un paro de colectiveros sin aparente justificación, o la reciente denuncia en San Juan de Lurigancho, donde una suboficial habría extorsionado a un detenido con S/4 mil, reflejan un patrón preocupante. Además, la captura de falsos colectiveros que asaltaban pasajeros en distritos como Los Olivos y Chorrillos añade complejidad al panorama de inseguridad que enfrentan los transportistas y la ciudadanía.
La familia del colectivero enfermo insiste en su inocencia y exige justicia, mientras la PNP defiende la legitimidad del operativo que llevó a la detención de los cuatro hombres. Sin embargo, los datos sobre la baja efectividad de las intervenciones policiales y los antecedentes de presuntos abusos alimentan las dudas sobre la estrategia de seguridad actual. La ciudadanía, atrapada entre la delincuencia y los cuestionamientos a las autoridades, demanda respuestas claras y medidas que garanticen tanto la seguridad como el respeto a los derechos de los inocentes.
La familia del colectivero enfermo insiste en su inocencia y exige justicia, mientras la PNP defiende la legitimidad del operativo que llevó a la detención de los cuatro hombres. Sin embargo, los datos sobre la baja efectividad de las intervenciones policiales y los antecedentes de presuntos abusos alimentan las dudas sobre la estrategia de seguridad actual. La ciudadanía, atrapada entre la delincuencia y los cuestionamientos a las autoridades, demanda respuestas claras y medidas que garanticen tanto la seguridad como el respeto a los derechos de los inocentes.
