El Ministerio Público ha presentado una nueva denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra el ex presidente Pedro Castillo por el presunto delito de cohecho pasivo impropio. Según la Fiscalía, Castillo habría exigido dinero a su ex ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, para mantenerlo en el cargo. Esta acusación se suma a las denuncias presentadas hace más de tres meses por los congresistas Alejandro Muñante y Alejandro Cavero, quienes buscan inhabilitar a Castillo por diez años debido a su intento de golpe de estado. Sin embargo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por la congresista María Acuña, aún no ha tramitado estas denuncias, generando preocupación sobre el futuro político del ex mandatario.
Corrupción en el corazón del poder: Denuncias contra ex ministros complican el panorama
La denuncia constitucional también involucra a Geiner Alvarado y al ex ministro de Justicia, Félix Chero. Alvarado enfrenta cargos por cohecho pasivo propio, acusado de haber solicitado dinero a la empresaria Sada Goray a cambio de reemplazar al presidente y miembros del directorio del Fondo Mivivienda. Por su parte, Chero es señalado por presuntamente pedir dinero a Alvarado para cambiar al jefe de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Estas acusaciones exponen un supuesto entramado de corrupción que salpica a figuras clave del gobierno de Castillo, intensificando la crisis política en el país.
El caso toma mayor relevancia con las declaraciones de Salatiel Marrufo, ex jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda y ahora colaborador eficaz. Marrufo afirmó ante la Fiscalía que pagaba 50 mil soles mensuales a Castillo para asegurar su puesto y el de Alvarado. Además, reveló que Alvarado entregó 500 mil soles al ex presidente, provenientes de Sada Goray –también colaboradora eficaz–, para evitar cambios en el ministerio frente a presiones externas. Estas confesiones refuerzan las imputaciones y dibujan un panorama de sobornos sistemáticos en el entorno de Castillo.
La demora en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha encendido las alarmas entre expertos, quienes advierten que, de no aprobarse las denuncias, Castillo podría postular al Congreso de la República pese a las graves acusaciones en su contra. Las denuncias por el intento de golpe de estado y los nuevos cargos de corrupción plantean un desafío para el Parlamento, que enfrenta críticas por su lentitud. La ciudadanía exige respuestas rápidas y efectivas, en un contexto donde la estabilidad democrática del Perú pende de un hilo ante las revelaciones de corrupción.
