Durante las elecciones generales del año 2000, el Perú fue sacudido por un escándalo de grandes proporciones: la inscripción del partido oficialista Perú 2000 con un millón de firmas falsificadas. La denuncia periodística del diario El Comercio destapó una maquinaria de fraude orquestada desde el poder, en medio de la campaña para que Alberto Fujimori accediera a un tercer mandato inconstitucional. El entonces jefe de la ONPE, José Portillo, intentó restar importancia al caso, pero la evidencia era abrumadora. Fue el inicio de una serie de investigaciones que revelaron la profundidad de la corrupción electoral en la era fujimorista.
Una red de poder e impunidad
La inscripción del movimiento Vamos Vecino en 1998, impulsado por el exministro Absalón Vásquez, fue el primer paso en el plan para asegurar la permanencia del fujimorismo en el poder. El caso terminó involucrando a personajes clave como el excongresista Óscar Medelius —posteriormente condenado— y a otros operadores políticos como José Cavassa, quien finalmente fue absuelto. La Defensoría del Pueblo, bajo el liderazgo de Jorge Santisteban y con figuras como Walter Albán, tuvo un papel determinante para impulsar las investigaciones y mantener viva la denuncia pública en tiempos de represión y control mediático.
No fue el único caso. El partido Perú Posible, de Alejandro Toledo, también enfrentó cuestionamientos por presuntas firmas falsas para su inscripción. Aunque el contexto era distinto —ya en democracia—, las denuncias generaron una crisis política que obligó al entonces presidente a responder ante el Congreso y la Fiscalía. Esto demostró que el uso indebido de firmas no era exclusivo del autoritarismo, sino un problema estructural más amplio en la política peruana.
Hoy, la historia parece repetirse. El congresista José Luna Gálvez, su hijo José Luna Morales y otras personas son investigadas por la presunta falsificación de firmas para inscribir el partido Podemos Perú, además de copar ilegalmente puestos estratégicos en la ONPE. A más de dos décadas del fraude del 2000, el Perú sigue enfrentando los fantasmas de un sistema electoral vulnerable a la manipulación, donde las llamadas “fábricas de firmas” siguen siendo una amenaza real para la legitimidad democrática.
