El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha propuesto una nueva medida contra la criminalidad que, en lugar de tranquilizar a los pequeños emprendedores, ha generado un fuerte malestar en este sector. La iniciativa plantea una ordenanza municipal que obligaría a los comerciantes a instalar, como requisito para obtener la licencia de funcionamiento, al menos dos cámaras de seguridad financiadas por ellos mismos.
Además, estas cámaras deberán estar interconectadas al sistema de inteligencia artificial de la Municipalidad de Lima, lo que implica un gasto adicional para los comerciantes. Muchos consideran que esta exigencia no solo incrementa la carga económica, sino que también los expone a ser blanco de represalias por parte de criminales, quienes podrían atacarlos para evitar quedar registrados en video.
Entre los propietarios de pequeñas bodegas y comercios, existe preocupación de que, al instalar cámaras de seguridad, sean objeto de ataques de los mismos extorsionadores que ya los tienen en la mira. Para algunos, la medida refleja la falta de un plan integral de seguridad, que también se ve reflejado en el déficit de 40 mil policías a nivel nacional y en las limitaciones de la línea 111.
RECHAZAN ORDENANZA
“Nosotros nos oponemos a esa ordenanza porque se estaría convirtiendo en una barrera burocrática para poder permitir que los negocios se vayan desarrollando”, sostuvo Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, quien hizo un llamado al Ejecutivo para implementar medidas más concretas para combatir la delincuencia común y el crimen organizado.
