Un gran número de mujeres desfilan por distintos barrios de Lima para ofrecer sus servicios sexuales. Ellas solo son la manifestación visible del problema mayor que lo conforman la trata de personas y la explotación sexual.
Los proxenetas les exigen a las meretrices el robo de los celulares de sus clientes y ellas solo deben acatar con tal de pagar una supuesta ‘multa’. Para los traficantes, una mujer mujer cuesta 16 mil soles, deuda que pueden pagar si es que atraen a más mujeres y víctimas a este negocio.
Una vez llegado al destino final, a las mujeres venezolanas les espera el trabajo sexual, mientras que los hombres deben pagar trabajando como comercializadores de droga ya que, de no cumplir, solo les espera la muerte.
Tal es el caso de dos jóvenes venezolanos que fueron ejecutados y calcinados en San Martín de Porres, el pasado 8 de noviembre. La policía determinó que ellos no pudieron pagar el dinero exigido por trasladarlos al Perú.
Esta situación supera a la jurisdicción de un distrito y representa un problema que alcanza dimensión nacional y que está cobrando día a día una víctima de trata.
En el país existe otra parte afectada, los vecinos que viven cerca a los lugares donde se concentran estas mafias. Ellos piden a la policía y sobre todo a los alcaldes de los distritos que erradiquen estas actividades.
