Algunos terroristas fueron liberados gracias a un proceso de flexibilización de condenas durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo, a principios de la década del 2000. Los sentenciados por terrorismo acudieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigiendo reparaciones al Estado Peruano por haber sido juzgados, según ellos, injustamente.
Entre los casos más sonados está el de la estadounidense emerretista Lori Berenson quien preparaba un atentado terrorista contra el Congreso. Esta mujer recibió 30 mil dólares gracias a un fallo de la CIDH emitido en noviembre del 2004.
María Elena Loayza Tamayo fue otra de las sentenciadas por terrorismo que demandó a Perú ante la CIDH, tribunal que ordenó al país el pago de 167 mil 190 dólares a favor de la profesora universitaria que había sido capturada por agentes de la Dincote por su vinculación a Sendero Luminoso.
El pago de estas millonarias sumas obedecería a un descuido en la defensa legal de nuestro país ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
