El ministro de Justicia, Eduardo Arana, ha propuesto privatizar parcialmente el sistema penitenciario, empezando por los ingresos de cinco penales considerados de alto riesgo. La iniciativa surge en medio de una profunda crisis que afecta al sistema carcelario peruano, marcado por el hacinamiento, la corrupción y la entrada constante de objetos prohibidos como celulares, drogas y armas. Frente a esta propuesta, Julio César Burga, secretario general del sindicato del INPE, advirtió que “el gobierno dice ‘yo me lavo las manos, privatizo esta parte de los penales’, pero esa no es una solución estructural”. Según Burga, “más de diez años no se construye una cárcel” y solo se han hecho ampliaciones “disque para desasignar el penal”, lo que considera “insignificante”.
Bloqueadores ineficientes y corrupción interna agravan la crisis penitenciaria
Uno de los ejes del anuncio ministerial es la mejora en el uso de bloqueadores de señal en los penales, pero la realidad dista de ser eficiente. “Si los bloqueadores funcionaran al 100 %, no habrían celulares en los penales o en todo caso no salieran las extorsiones”, señaló Burga, recordando que en penales como Lurigancho “la señal suena perfecto”. Aunque la empresa Prison Tec, encargada de estos bloqueadores, denuncia sabotajes externos, Burga subraya que “la señal de Prison Tec no es eficiente” y que, además, “en cada operativo se encuentran 20, 30, 40 celulares”.
El dirigente sindical también enfatizó que la raíz del problema no se limita a la parte técnica. “La corrupción está por todos lados”, dijo. “Hay un problema grande, los cargos de confianza: viene un presidente del INPE, jala a su círculo amical, su club de amigos, y estos mismos personajes que son directores dan vuelta gestión tras gestión”, denunció. A ello se suma la falta de equipamiento moderno y personal capacitado. “Los rayos X son obsoletos”, señaló. “Imagínese, al 2017 necesitábamos 3 500 servidores más. Estamos en 2025 y seguimos con la misma cantidad de trabajadores”.
Sobre la posible privatización de los ingresos a los penales, Burga fue claro: “Se quiere experimentar solamente con cinco penales”, pero advirtió que “si el privado también fracasa, ¿qué pasaría?”. Frente al abandono del sistema penitenciario, el secretario general del sindicato del INPE fue enfático: “Los buenos servidores penitenciarios queremos hacer bien las cosas, pero lamentablemente estamos abajo, ellos están arriba”. Y concluyó con una demanda directa al Ejecutivo: “Tiene la responsabilidad el gobierno por no designar el presupuesto que se amerita para poder desasignar los penales”.
