Pese a la gran polémica que levantó hace unos meses su intento de aprobación, los miembros de la Comisión de Justicia, optaron por no hacer caso a las observaciones del Poder Ejecutivo y aprobó la insistencia en la autógrafa.
Esta iniciativa propone modificar el artículo 162 del Código Penal para crear el delito de interferencia y difusión de comunicaciones privadas: habrá sanción de 2 a 4 años de cárcel para los periodistas que divulguen audios obtenidos por interceptación telefónica.
Hubo cuatro votos a favor de la insistencia: Juan José Díaz (GPF), Marco Tulio Falconí (AP), Mauricio Mulder (CP) y Octavio Salazar (GPF). Votaron en contra Heriberto Benítez (SN), Agustín Molina (GPN) y Santiago Gastañadui (GPN). Se abstuvieron Martha Chávez (GPF) y Rosa Mavila (GPN).
El Ejecutivo había observado la autógrafa de ley (es decir, el texto aprobado por el pleno del Congreso), entre otras cosas, por considerar que debía exceptuarse de sanción penal a quienes difundieran conversaciones privadas cuyo contenido fuera “de interés público”.
La insistencia para que vaya nuevamente al Poder Ejecutivo, y este la analice y eventualmente la apruebe, deberá ser debatida y aprobada por 66 votos a favor por el pleno del Congreso.
